La pandemia de la COVID-19 está atacando a la sociedad, afectando su salud y reduciendo sus oportunidades de generar ingresos. El número de decesos se multiplica y hay suficientes indicios para reconocer que las fuentes oficiales no están en condiciones de registrar la totalidad de los casos. El sistema de salud está desbordado y las camas UCI, hospitalarias y los ambientes que se añaden cada día, no alcanzan para reducir la creciente demanda por casos graves. Entretanto, más personal de salud, de seguridad ciudadana y de las cadenas de suministros básicos, debe abandonar sus posiciones al ser contagiado o fallecer.

En tanto aún no se cuente con una vacuna o cura efectiva contra el coronavirus SAR-CoV2 se ha hecho imperativo imponer el aislamiento social para reducir la velocidad de contagio. Este aislamiento cuarentenario, paralizó a cerca del 60 por ciento de la actividad económica en todo el país, un frenazo inducido, sin precedentes en toda nuestra historia republicana. Conforme este aislamiento se ha ido extendiendo en el tiempo, aproximándose a tres meses, las significativas ayudas que temprano aprobó el gobierno nacional para mitigar el impacto económico, se van revelando insuficientes. La mayoría de empresas y hogares han consumido sus ahorros por lo que cada vez les será más duro restablecer sus actividades e ingresos previos a la crisis.

De acuerdo a la información disponible, la pandemia ingresó a nuestro país por Lima y de ahí saltó a las grandes ciudades donde la mayor densidad de población, facilitaba los contagios. Si bien el número de casos se distribuye de manera desigual, a la fecha cubre a la totalidad de las regiones y en algunas de ellas está causando grandes estragos. Todo indica que la contención en los ámbitos rurales ha funcionado hasta el presente por acciones de sus pobladores y autoridades, pero el riesgo es muy elevado por el mayor número de población mayor y la insuficiencia o lejanía de los centros de salud.

Uno de los grandes riesgos que enfrentan las regiones y en especial las zonas rurales, son los retornantes que incluye desde trabajadores temporales a los que atrapó la crisis fuera de sus hogares, como a migrantes definitivos forzados a volver por la precariedad e incertidumbre económica que enfrentan en sus lugares de destino. Muchos de ellos provienen de localidades rurales y podrían sin proponérselo, difundir el virus entre la población más vulnerable. Estos movimientos se originan en todas las ciudades, pero también reaniman los flujos migratorios hacia la Amazonía buscando una fuente de subsistencia lejos de cualquier vigilancia.

Las regiones amazónicas presentaban antes de la crisis, los peores indicadores en instalaciones y personal de salud por número de habitantes. Esta restricción ya se había evidenciado con la presencia del dengue y la leptospirosis que se habían ensañado en este ámbito. Pero ahora se ha manifestado con mucha crudeza en Iquitos, una de las ciudades más aisladas del país, donde el virus ha encontrado condiciones para multiplicarse entre una población hacinada en viviendas pequeñas, precarias e insalubres. Al crecimiento explosivo de casos en Loreto se ha sumado el de la región Ucayali.

A sus limitaciones sanitarias y débil tejido económico, la macroregión amazónica suma ser la depositaria y guardiana del inmenso legado natural de sus extensos bosques. Estos siempre han sido codiciados por extractores inescrupulosos de oro, madera, caucho o fauna silvestre. Pero también por aquellos que pretenden devastar el bosque para reemplazarlo por plantaciones industriales o ganadería extensiva, solo para aprovechar extensos espacios húmedos y tropicales.

Pero esas no son las únicas fuentes que mal usan el bosque amazónico. La pequeña agricultura migratoria de roza y quema, ya era antes de esta crisis, el mayor deforestador. La pobreza y el desempleo, acicateados por la crisis actual, son los principales impulsores de esta agricultura temporal que agota velozmente estos suelos sin vocación agrícola. La baja productividad se compensa con nueva deforestación agotando el capital natural del bosque de la forma más ineficiente, emitiendo carbono y destruyendo biodiversidad, cuando no liberando nuevas fuentes de infección humana. Sin olvidar que esa agricultura precaria es muchas veces alentada por el narcotráfico.

Las regiones amazónicas han venido trabajando y están culminando la formulación de estrategias de desarrollo bajas en emisiones. Estas combinan actividades productivas y de servicios ahorradoras en energía, más productivas, con reutilización de residuos y extensión en la vida útil de todos los bienes. Con el mismo concepto, estas estrategias se proponen recuperar las áreas deforestadas y abandonadas, y aprovechar de modo sostenible, los componentes de flora y fauna del bosque.

Las estrategias de desarrollo bajas en emisiones representan no solo una respuesta técnica sino también política a los desafíos de la Amazonía. Son el resultado de un extenso esfuerzo por reunir el conocimiento y la evidencia sobre la macroregión, de establecer unidades de referencia locales de acuerdo a sus desarrollos relativos y sus particulares desafíos, así como de alcanzar consensos y acuerdos. Pero, así como la Amazonía es amenazada por el desborde de su propia población más afectada por la crisis a la que se suma la ola de inmigrantes o retornantes precarios, este esfuerzo de planificación podría ser apremiado o abandonado por las urgencias del día.

En consecuencia, se requiere adoptar medidas de urgencia que se dirijan principalmente, a bajar la presión, contener de desborde y ganar tiempo para efectuar mejoras en los servicios de salud regionales y posibilitar que el tejido económico se recomponga. Ese es el desafío que enfrentan los gobiernos regionales y locales de la Amazonía. La mejor opción en estas condiciones es un programa de empleo temporal en inversiones públicas con intensa utilización de fuerza de trabajo, que pueda desarrollarse en las localidades y con estrictos protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19.

De modo complementario y pensando en el mediano plazo, se debe restablecer todas las condiciones para que la actividad agropecuaria que no fue interrumpida en ningún momento, recupere plenamente, las condiciones que requiere para operar. Estas comprenden, la provisión de insumos, la contratación de jornaleros para las tareas agrícolas que lo demandan y la circulación segura de los productos a los mercados locales, regionales y extra regionales.

El financiamiento de las acciones necesarias de ámbito regional como del programa de inversiones intensivo en empleo, está ampliamente justificado no solo por las prioridades que impone la actual crisis sanitaria, por la urgencia de cerrar brechas que son injustificables en la condición actual, por estar programadas en muchos casos, pero sobre todo, porque hay recursos futuros comprometidos para los gobiernos regionales amazónicos que deben ser utilizados hoy. Su utilización presente tendría un alto retorno en términos de beneficio/costo y efectividad social.

Hoy muchos gobiernos regionales cuentan con una importante fortaleza financiera fiscal. Además de los recursos presupuestales que pudieran ser reasignados, un número importante de gobiernos subnacionales dispone de recursos determinados no utilizados, procedentes de canon, sobrecanon o regalías, y que pueden ser aplicados a estos fines. En el caso de la Amazonía, el acuerdo de intercambiar exoneraciones tributarias por inversión, ha servido para la creación de los fondos base para actuar. Estos recursos, además, podrían aumentarse, ampliando los acuerdos con el gobierno nacional para intercambiar impuestos corrientes y futuros, por inversiones presentes. La emergencia en la Amazonía debe ser encarada con todos los instrumentos y experiencia ganada por los gobiernos regionales, conduciendo de modo sinérgico con la iniciativa privada, una reactivación económica en el marco del proceso de desarrollo bajo en emisiones.

Emergencia con bajas emisiones

Los organismos de salud coinciden en que superar la crisis sanitaria tomará muchos meses, y aun reduciendo la curva de contagio, esta podría tener más de un rebote. Su difusión actual en el país es bastante desigual, pero nada garantiza que en aquellos lugares en que su incidencia es aun baja, no se acelere en los siguientes meses. Es previsible que los retornantes, en especial en las regiones amazónicas, puedan ser detonantes de nuevos episodios críticos como el que está viviendo Loreto y Ucayali.

Las restricciones impuestas por el aislamiento social obligatorio serán y comienzan a serlo, levantadas progresivamente, diferenciadas por actividades, grupos etarios y localización. La acción de los gobiernos regionales y locales requiere contar con un plan de acciones de emergencia que se pueda ir implementando rápidamente, conforme se vayan abriendo las distintas puertas. La Mancomunidad Regional Amazónica nace como tal, en estas circunstancias excepcionalmente adversas y desafiantes, pero que proporcionan una oportunidad para consolidar un liderazgo de trascendencia nacional. No hay que dejarla pasar. Es el momento en que los gobiernos regionales deben ratificar su legitimidad y mostrar a sus ciudadanos, el relevante rol que juegan.

Debe tenerse en cuenta que esta crisis está moldeando una realidad que, al presente, es aún difusa. No será posible enfrentar un escenario incierto con las viejas fórmulas, algunas de las cuales funcionaron mal o no funcionaron. Del mismo modo como se está enfrentando la crisis climática global, es necesario mitigar el daño, pero, sobre todo, desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia para conducirse en ese escenario post pandemia.

Entre las pocas certezas que se vislumbran, deben destacarse la importancia que adquirirá en el bienestar humano, la higiene y la salud; las marcas y sus atributos -valores y la trazabilidad de los bienes de consumo-; la sostenibilidad y responsabilidad social como exigente compromiso de las empresas, pero también de los diferentes niveles de gobiernos y de la ciudadanía. El confinamiento ha sido una oportunidad y seguirá siéndolo, para revisar los valores con los cuales se construyen las relaciones interpersonales, la visión de los negocios y el ejercicio de la ciudadanía.

El liderazgo regional demanda un buen gobierno. Son dos los pilares para lograrlo: (1) información suficiente y de calidad; y (2) gestión eficiente, proactiva, comprometida e íntegra.

Información

Es fundamental disponer de información para tomar decisiones certeras. Esta información debe estar disponible para el público de modo que se pueda ejercer vigilancia y los ciudadanos se aseguren de que están siendo consideradas para todos los programas de apoyo y asistencia nacionales o regionales. Específicamente, se debería consolidar las siguientes bases de datos con el liderazgo de las gerencias de desarrollo social:

1. Cada gobierno regional debe asegurarse de contar con información permanente y lo más confiable posible, sobre la situación sanitaria en su ámbito, distinguiendo al mayor detalle posible, los lugares de mayor prevalencia de infectados y defunciones, su evolución y la disponibilidad de recursos para la atención de los enfermos que requieren hospitalización, cuidados intensivos y tratamiento mortuorio, sea oferta pública o privada.
2. Contar con información consolidada y actualizada sobre las personas, documento de identidad, localización y características del hogar que:
   1. Hayan recibido o estén recibiendo el subsidio monetario en cualquiera de las entregas programadas (SISFOH, independientes, bono rural).
   1. Hayan recibido o estén recibiendo canastas alimentarias por parte de los municipios o cualquier otra fuente.
3. Abrir un registro para las personas que han perdido su empleo, se encuentran en licencia, en suspensión perfecta u otra modalidad y no están recibiendo ingresos. Este registro comprende la localización de su vivienda y el nombre de la empresa o entidad con la cual mantiene vínculos laborales.
4. Abrir un registro para los retornantes con identificación de documento de identidad y localización de acogida.
5. Abrir un registro para las personas que han dejado de desarrollar o han reducido sustantivamente, actividades generadoras de ingreso desde marzo pasado.
6. Abrir un registro sobre las empresas formales que han cerrado, suspendido sus operaciones, reducido personal, o consideran que tendrían que tomar este camino en las siguientes semanas.
7. Coordinar con los ministerios y sus unidades ejecutoras de programas o proyectos que tengan presencia regional, para identificar sus intervenciones de emergencia, delimitar y complementar acciones, y evitar duplicaciones. Esta coordinación debe apuntar a emplear los mismos criterios de intervención y que estas entidades alimenten la base de datos de personas o familias beneficiarias.

Estas bases de datos deben conformarse con la información oficial de los ministerios, gobiernos locales y de registros voluntarios de los afectados. La condición para recibir cualquier tipo de ayuda o asistencia de los gobiernos regionales o locales, es registrarse en estas bases de datos en línea. Los que no tengan acceso a Internet o no puedan registrar su información, deberán ser asistidos por dirigentes comunales, funcionarios municipales o voluntarios.

Gestión

En último término, todo depende de la gestión, lo que se haga bien o mal. Para alcanzar gestión eficiente, proactiva, comprometida e íntegra, se debe adoptar algunas medidas extraordinarias. No será posible pretender un liderazgo si las entidades públicas no se despercuden de nocivas prácticas marcadas por la parsimonia cuando no el inmovilismo. Se sugiere las siguientes medidas:

1. Constitución de un equipo consultivo ad hoc a nivel de cada región y uno mayor de la macroregión, en el que participen especialistas y líderes representativos de la academia, las empresas y los productores independientes, comunidades nativas, del sector laboral y de organizaciones sociales. Dadas las circunstancias, este equipo debería funcionar como una red virtual para recoger opiniones, sugerencias y preocupaciones que otorguen legitimidad y transparencia a la más importantes decisiones.
2. Constitución de un equipo de tarea de emergencia que, bajo el modelo de proyecto especial de naturaleza temporal, asuma la conducción de las acciones de emergencia replicando en pequeña escala, el modelo de oficina de gestión de proyecto (PMO) que exitosamente se aplicó a los Panamericanos de Lima. Este esquema funciona cuando se le dota de una alta capacidad de coordinación, información fluida y la autoridad para movilizar a todos los involucrados.
3. Convenios para armonizar la intervención entre los gobiernos regionales y locales. Un programa de emergencia regional estaría compuesto de módulos por cada localidad en que se intervenga que son unidades más pequeñas que los distritos. Estos módulos estarían estandarizados con la flexibilidad en función del tamaño y algunas necesarias adaptaciones locales.
4. Conformar una unidad especializada en la Mancomunidad que sistematice todas las medidas y procedimientos establecidos por el gobierno nacional y las entidades públicas y privadas, mantenga comunicación con ellas, y sea capaz de poder identificar cómo podrían ser aprovechadas por las regiones amazónicas, brindando orientación y asistencia técnica a las instancias de los gobiernos regionales y locales, y a los agentes privados.
5. Establecer una coordinación activa entre los Gerentes de Desarrollo Económico de los GORE que sea responsable de asegurar la coordinación con los ministerios y sus unidades ejecutoras de programas o proyectos que tengan presencia regional, y de la aplicación de un modelo simple de “salvaguardas” o de priorizacion y localización de intervenciones que esten alineadas con los planes de desarrollo bajos en emisiones.

Acciones de emergencia y reactivación económica

Las acciones de emergencia están destinadas a generar, restablecer o mantener los ingresos de la población, reduciendo el riesgo de contagio de COVID-19, aislando rápidamente a quienes sean infectados y atendidos con presteza cuando requieran de cuidados de salud especiales. La contención de la curva de caída que ha afectado a todas las familias, es al mismo tiempo, el punto de inflexión para la reactivación económica.

Las acciones necesarias se pueden ordenar en tres líneas: (1) empleo temporal para quienes no están en actividad o solo ocasionalmente, lo que les impide alcanzar un ingreso mínimo de subsistencia; (2) sostenimiento y recuperación de las actividades que se han venido desarrollando con restricciones y dificultades logísticas; y (3) programa de incentivos regionales para la reactivación económica.

Empleo temporal

Poner en marcha programas de empleo en los que podrían participar hombres y mujeres, entre los 18 y 60 años, que se deberían inscribir en el municipio donde residen. Los trabajos en los que serían empleados se efectuarían en sus localidades o muy próximas a ellas. Los municipios podrían delegar en las autoridades de comunidades nativas o rondas campesinas, la organización de estas actividades para asegurar su participación. También se podrían constituir núcleos ejecutores u operar con las juntas vecinales.

El registro de personas que requieren empleo sería la fuente primaria y se complementaría con quienes soliciten ser incluidos. De este modo se construiría un padrón. Todo aquel que forme parte de este padrón, deberá tener o se le abriría una cuenta en el sistema financiero para el pago por su trabajo. Se asume que se trata de trabajadores no calificados o serían contratados como tales, y recibirían como ingreso, un salario mínimo legal.

Los trabajos pueden ser efectuados por empresas contratistas o por administración directa de los gobiernos. Las remuneraciones serían pagadas por el gobierno regional o local directamente al trabajador que haya cumplido con sus tareas, incluyendo el caso en que estos sean asignados a contratistas. Estas personas serían contratadas por al menos un mes y hasta un máximo de seis meses que podría ser el tiempo prudencial para restablecer la actividad económica.

Las obras de infraestructura deberían ser consideradas como infraestructura menor y sus presupuestos serían estimados por costos unitarios estándar. Podrían ser empaquetadas varias obras que se encuentren próximas y ser concursadas conjuntamente. El personal no calificado sería asignado por el programa en proporción a las necesidades de cada obra.

En lo inmediato se tendría que identificar las obras a partir de un inventario de la infraestructura existente distinguiendo entre aquella que puede ser atendida a través de administración directa o con núcleos ejecutores y de forma inmediata, y aquella que requiere un mínimo de expediente técnico para ser asignado a contratistas.

Los tipos de trabajo que se podrían realizar serían: apertura de zanjas, acarreo de materiales, albañilería básica, pintura, limpieza, trasplante de plantones, poda y raleo, cosecha, entre otras tareas manuales. Estos trabajadores serían aplicados principalmente a:

• Rehabilitación, mejora o construcción de instalaciones sanitarias decentes en centros de salud (hospitales, centros de salud, postas), en centros educativos (escuelas, colegios, Cepros, institutos superiores y universidades), y adicionalmente, en otras instalaciones de atención al público.
• Pequeñas obras de captación, procesamiento, almacenamiento y disposición de agua para consumo humano con conexiones domiciliarias o comunitarias para barrios y centros poblados sin servicios o con servicios deficientes y temporales. Construcción masiva de letrinas.
• Pequeñas obras de captación, almacenamiento, canalización y disposición de agua para riego. Obras de drenaje, defensas ribereñas, terrazas y protección de suelos en pendientes.
• Arborización masiva en ciudades, centros poblados y en las casas de los vecinos, mantenimiento, mejora y ampliación de vías secundarias, limpieza de cunetas en carreteras y caminos, protección ribereña incluyendo la plantación de árboles y arbustos.
• Establecer viveros y proveer de plantas a un costo ínfimo (subsidiado) a privados interesados en reforestar zonas de conservación o para recuperar zonas degradadas especialmente las de protección. Asimismo, plantaciones de diversas especies en zonas de explotación agrícola y ganadera (agroforestería), que contribuyan a mejorar los ecosistemas, actúen como barreras vivas, cortavientos, y mejoren la fertilidad del suelo.
• Brigadas de trabajo para tareas agropecuarias como siembra, poda, fertilización, cosecha a solicitud de los conductores de las unidades agropecuarias.

Todos estos trabajadores temporales, podrían dedicar por cuenta del programa, un tiempo de sus jornadas de modo alternado, para ser capacitados en las labores que desempeñan y otros aspectos que los ayuden a reinsertarse favorablemente en el mercado de trabajo al concluir el programa o cuando puedan obtener ocupaciones mejor remuneradas. Entre los temas de capacitación se debería priorizar los conocimientos fundamentales para el uso de computadoras y teléfonos inteligentes, con especial énfasis en el uso de aplicaciones básicas para aprovechar el acceso a Internet.

Sostenimiento y recuperación de actividades

En este grupo se inscribe principalmente, la actividad agropecuaria y agroindustrial. Asimismo, la cadena alimentaria y el apoyo en proveedores y logístico. Estas unidades han continuado operando, pero con restricciones. Se trata de asegurar las condiciones para que se restablezcan plenamente y continúen su producción. Con ese objetivo, las medidas que deberían implementarse son:

• Asegurar que los productores, unidades agropecuarias, cooperativas y empresas, cuenten con capital de trabajo para sus operaciones. Con este objetivo se debe proporcionar orientación y asistencia técnica para que puedan aplicar a los recursos de financiamiento que ha puesto el gobierno nacional a disposición de los sectores productivos y de servicios. Esto incluye:
  • Acceso a los recursos del Programa Reactiva Perú que ha sido duplicado recientemente a 60 mil millones de soles. Se trata como se sabe, de fondos del BCRP que son garantizados por el Tesoro entre 80% hasta 98% dependiendo del tamaño de la empresa. En esta operación interviene COFIDE como Fiduciario y la colocación es responsabilidad de las entidades financieras con calificación de B+ que se hayan adjudicado estos fondos en subasta con la cual se ha establecido la tasa de interés activa que se le cobra al prestatario.
  • Acceso al Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), administrado por COFIDE. Este opera a través de un mayor número de entidades financieras. Los créditos son hasta por 90 mil soles y por plazos de hasta 36 meses. A este fondo se ha anunciado, se le aplicaría el mismo procedimiento de garantías y subastas para reducir sus tasas de interés. De acuerdo a la información disponible, se han entregado cerca de 900 millones de soles contra estos fondos.
  • Constituir sistemas de garantías complementarias desde los fondos de desarrollo (FONDESAM) de los gobiernos regionales. Este esquema ya se ha aplicado en Ucayali y está contemplado en los fideicomisos constituidos con los fondos de las leyes 28575, 30896 y 30897, de canje de exoneraciones tributarias por fondos de inversión. Estas garantías podrían apoyar a cooperativas y asociaciones de productores.
• Proporcionar financiamiento reembolsable a unidades agropecuarias con la asignación de brigadistas para tareas de sostenimiento de sus unidades agropecuarias o para la siembra de árboles.
• Asegurar una adecuada descentralización de los centros de abasto de productos alimentarios y de primera necesidad siguiendo el esquema de mercados itinerantes.
• Resguardar el libre tránsito de las unidades de transporte de carga aplicando los protocolos de bioseguridad y el impedimento del transporte de personas. Estas unidades deben ingresar los insumos y productos que requiere la región y movilizar los productos regionales a sus lugares de destino.
• Establecer canales de consulta permanente para brindar asistencia inmediata a los productores y empresarios cuando enfrenten dificultades, en coordinación con las entidades de los gobiernos regionales vecinos y del gobierno nacional. Todas las incidencias deben ser registradas para poder elaborar a partir de ellas, directivas prácticas y eficaces.

Programa de Incentivos Regionales para la reactivación económica

En los últimos años, los gobiernos regionales de la Amazonía han desplegado un conjunto de iniciativas que han ido configurando un conjunto de instrumentos y políticas públicas que son la base de los Planes de Desarrollo Bajos en Emisiones que se han venido siendo formulados y consensuados con anterioridad a la actual crisis sanitaria. Entre ellos destacan:

• Marcas jurisdiccionales cómo elemento distintivo y articulador de actores regionales comprometidos con la sostenibilidad y que podrían liderar la reactivación económica.
• Instrumentos financieros como los referidos FONDESAM, que pueden cumplir dos funciones simultáneas:
  • Crear condiciones habilitantes para el desarrollo bajo en emisiones a partir de la provisión de bienes y servicios públicos (infraestructura como carreteras, energía, facilidades logísticas).
  • Promueven el acceso al crédito mediante el fortalecimiento (o creación) de fondos de cobertura regionales.
• Alianzas productivas entre productores y el sector privado, a través de las oficinas o subgerencias de promoción del sector privado para reducir el desempleo y la pobreza rural.
• Acciones de mercadeo y asistencia técnica para acceso a mercados en un contexto global que demanda productos con altos estándares sanitarios, con trazabilidad de origen y con atributos de sostenibilidad. En esta línea es que se vinieron impulsando los Expoamazónicas.

Los actores regionales (empresas privadas, asociaciones y cooperativas, emprendimientos y comunidades nativas y locales), son determinantes en la reactivación económica y pueden conducir esta, a consolidar nuevos modelos productivos. Los gobiernos regionales están en condiciones de otorgar incentivos usando instrumentos que ya existen o que pueden replicar. Este es el caso del relanzamiento de los denominados Fondos de Desarrollo de la Amazonía (FONDESAM), que con el apoyo del PNUMA y el MINAM se viene impulsando en las regiones amazónicas.

En el caso de San Martín, se tiene estructurado un fondo, cuyo origen es la ley (28575) de inversión y desarrollo de la región San Martín y eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios, que tiene como fiduciario a COFIDE. A éste, se sumarán recursos provenientes de la ley (30896), la misma que promueve la inversión y desarrollo de la región Amazónica para esta región  y Amazonas. Madre de Dios y Ucayali. Estas tres regiones están igualmente en proceso de constituir sus fideicomisos con COFIDE recogiendo las experiencias de San Martín, así como del fideicomiso de garantía de Ucayali. De manera similar, el Gobierno Regional de Loreto tiene ya estructurado un fideicomiso con el Banco de la Nación. En conjunto, estos recursos suman unos 440 millones de soles anuales que serán percibidos hasta el 2040 y constituyen una importante palanca para financiar la recuperación económica sostenible de las regiones amazónicas.

Adicionalmente, el Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con recursos que por un monto de  S/ 66 944 149,00 (Sesenta y Seis Millones Novecientos cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve y 00/100 Soles) han sido asignados en forma exclusiva para esta región, mediante la R.M. Nº 0439-2019 MINAGRI, y a través del Fondo AGROPERÚ, para el financiamiento de la creación del Programa de Financiamiento de Cultivos y de articulación al mercado. Estos recursos fueron asignados a esta región para darle un soporte adicional a las acciones emprendidas contra la minería aurífera ilegal que ha venido destruyendo grandes extensiones de su busque.

A estas posibilidades, se suma la iniciativa del Proyecto de Ley de Emergencia y Promoción de una Amazonía Resiliente y Sostenible que propone dar un paso adelante para sustituir la totalidad de las exoneraciones generando un mecanismo financiero que permita que los gobiernos regionales amazónicos puedan acceder a financiamiento adelantado garantizado por el flujo futuro de fondos que sustituyen a tales exoneraciones. Con estos recursos, los FONDESAM podrían ser un poderoso instrumento para financiar la reactivación económica sostenible como los planes de desarrollo bajos en emisiones. Una de las oportunidades que se abre es apalancar endeudamiento a largo plazo, para adelantar inversiones.

Con base en los avances reseñados, el programa de reactivación económica con enfoque de sostenibilidad debería centrase en:

• Generar un grupo de empresas, asociaciones de productores, comunidades y emprendimientos comprometidos verificablemente mediante una marca jurisdiccional. Estas marcas jurisdiccionales son el instrumento clave que facilita el acceso a incentivos del programa. Se trata de reclutar a los “frutos maduros” o actores líderes de la jurisdicción que puedan dar señales positivas a otros constituyéndose en empresas ancla de la reactivación económica.
• Aumentar la oferta productiva sostenible mediante la facilitación y soporte a alianzas público privadas productivas, a través de las oficinas o subgerencias de inversión privada. Ejemplos de estas alianzas con capacidad de escalamiento se encuentran en las cadenas cómo cacao o café en San Martín, Amazonas o Huánuco; palma o plantaciones maderables en Ucayali; frutos tropicales en Loreto o Madre de Dios.
• Destrabar el acceso a crédito a los productores, sus organizaciones y comunidades mediante instrumentos de crédito (garantías y créditos estructurados, etc.) usando los fondos regionales de desarrollo u otros recursos que se han comprometido entre el nivel nacional-regional en los últimos meses.
• Promover el acceso a mercados mediante estrategias de mercadeo y asistencia técnica para la exportación, con el soporte de las gerencias de comercio exterior y turismo. Principalmente dirigido a empresas de mediano y pequeño tamaño y emprendimiento para crear una masa crítica de oferta exportable que acelere la reconexión con los mercados externos.

Hay aún un tiempo valioso para prepararse y actuar. Se vienen meses muy intensos y en los cuales se deberá continuar operando con gran incertidumbre. Es en estas condiciones que se prueba a los líderes, tanto su capacidad de dirección como su empatía con los sectores más vulnerables. Se puede abordar la emergencia sin perder el rumbo y se puede convertir la emergencia en una oportunidad para consolidar la descentralización y la legitimidad de los gobiernos subnacionales. Este es el desafío, pero también la oportunidad de la Mancomunidad Regional Amazónica.